La Teoría Económica describe el monopolio natural como el que se establece en un mercado en el que la barrera de entrada es muy alta pero el coste marginal de producción muy bajo. Por ejemplo, el mercado de las telecomunicaciones: crear una red de telecomunicaciones en un territorio es algo muy costoso, hay que hacer cosas como extender quilómetros de cable, instalar miles de antenas y poner en órbita satélites, así como construir centrales de comunicaciones con todos los equipos necesarios y llevar a los hogares los correspondientes terminales convenientemente conectados... Frente a eso, dar servicio a algunos usuarios más o soportar un mayor número de comunicaciones entre usuarios tiene prácticamente un coste de 0. Por eso se da la situación de monopolio, porque una vez se ha establecido una empresa, a una segunda le resulta casi imposible establecerse, ya que ha de hacer (de nuevo) una gran inversión que tardará muchísimo tiempo en amortizar, debido a la dura competencia de la primera empresa, que cuenta con la ventaja de tener su inversión inicial amortizada.

La bondad de la libre competencia que postulaba Adam Smith se basa en un modelo matemático cuya conclusión es que cada competidor se ve obligado a vender al precio más bajo posible y a producir todo lo que alguien está dispuesto a comprar por ese precio. El problema es que en una situación de monopolio no hay competidores, por tanto no hay libre competencia ni máxima producción al mínimo precio. ¿Qué sucede pues?

Sin competencia, una empresa monopolística se limita a producir la cantidad precisa de su producto al precio preciso para conseguir el mayor beneficio posible ¡Todo un sueño para los codiciosos!. Como es natural, en una economía “libre” el primer objetivo de los promotores de una empresa es conseguir ocupar la posición dominante en un mercado monopolístico, de modo que esas posiciones se convierten en sí mismas en un bien altamente valorado que se consigue y se protege mediante la especulación y la corrupción. Incluso se da el caso de monopolios creados artificialmente haciendo uso de diferentes maniobras (franquicias, retención de información o de teconología clave, concesiones administrativas exclusivas, etc.).

Naturalmente, no hay monopolios perfectos, lo habitual es que haya más de una empresa presente en un mercado monopolístico, a veces por la acción de los poderes públicos que reaccionan con temor ante el poder creciente de los monopolios (ese fué el móvil que inspiró las primeras leyes antimonopolio de finales del siglo XIX en los EE.UU.) y las más de las veces por las apuestas de grandes grupos financieros que irrumpen en un mercado monopolístico con el objetivo de hacerse con él, pero la supuesta situación de competencia es un espejismo: los escasos competidores tienen fuertes incentivos para pactar el reparto de los beneficios inherentes al monopolio o, mejor aún, para fusionarse y así reducir gastos al mismo tiempo que llevan su actividad al punto óptimo.

Las fusiones entre grandes empresas multinacionales o bancos se presentan en los medios de comunicación como operaciones “necesarias” para “mantener la competitvidad”, “mejorar la eficiencia del sector”, etc. Todo ello es una mentira, obviamente, ya que como estamos viendo de lo que se trata es de ensanchar e intensificar los monopolios.

¿Qué hacer ante los monopolios?

El principio político-económico del laissez faire es completamente inoperante ante la situación de pérdida de bienestar que genera la existencia y proliferación de monopolios. De hecho, el poder que concentran los monopolios es tal que consiguen corromper gobiernos y con ello aumentar más y más sus beneficios y su influencia en perjuicio de los consumidores de sus servicios o productos. Incluso en ámbitos más pequeños, como el mercado inmobiliario en un municipio mediano, es difícil evitar la acción de propietarios especuladores que retienen propiedades hasta que los precios son lo más altos posible (localmente, la propiedad de un terreno es un monopolio en la medida en que no es completamente sustituible por otra propiedad que esté, por ejemplo, más alejada de las principales vías de transporte).

La intervención colectiva sobre la economía es la única manera de invertir esta perversa dinámica (siempre que se evite la insidiosa presencia de la corrupción). ¿Cómo? Separando tanto como sea posible los elementos que dan carácter de naturaleza al monopolio y convirtiéndolos en un servicio público. Por ejemplo, la creación y mantenimiento de las infrastructuras de comunicaciones debería ser objeto de la actividad de organismos públicos sin ánimo de lucro y controlados por la comunidad, y no por sociedades privadas, ni tan siquiera cuando lo hacen por concesión administrativa. Garantizado el dominio público de las infrastructuras, sí que puede esperarse libre competencia entre las empresas que hagan uso de esas infrastructuras para ofrecer sus servicios a los consumidores.

La falacia de la superioridad de la gestión privada

Desde los años 80 del siglo pasado se viene imponiendo la idea de que los servicios públicos deben ser privatizados o, al menos, gestionados por empresas privadas. Los primeros argumentos, a caballo de las respectivas revoluciones conservadoras de Margaret Tatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en EE.UU., fueron claramente ideológicos: el Estado no debe hacer más de lo imprescindible, el Estado del Bienestar debía convertirse en un menú de servicios de pago riguroso (Enseñanza, Sanidad, Pensiones, Servicios Sociales...) e incluso la gestión de servicios e infrastructuras básicas como el ferrocarril o el servicio de correos debía cederse a la “iniciativa privada”. Se argumentaba al hacerlo que las empresas privadas eran más eficientes que la Administración Pública porque las empresas privadas estaban sometidas a la libre competencia y de ese modo se renovaban organizativa y tecnológicamente com más frecuencia y efectividad que una Administración Pública adormecida por décadas de inmovilismo y torpe burocracia. En un primer análisis lógico es un argumento estúpido: el efecto balsámico de la libre competencia lo suministra el mercado en el que se actúa, no es intrínseco de las organizaciones que actúan en ese mercado. Un segundo análisis de contexto del argumento lo que revela es cinismo: los responsables de la Administración Pública la ahogan con complejas normativas y severas restricciones presupuestarias para descalificar a continuación su funcionamiento y pasar a desmantelarla en beneficio de oscuros intereses privados.

Lo más curioso del caso es que los socialdemócratas europeos (y los demócratas de EE.UU.), los ufanos protagonistas de la expansión del Estado del Bienestar hasta aquel entonces, hicieron suyo también esos argumentos de la necesaria “profesionalización” de los servicios públicos, de la privatización de las empresas públicas (que se venían ocupando de los grandes monopolios). ¿Por qué?

Bien, pensemos un poco. Los grandes monopolios y los servicios públicos asociados al sector público en los años 60 y 70 no podían ni pueden ser asumidos por cualquier empresa por mucho que se troceen: construir una autopista de peaje requiere una gran cantidad de capital, gestionar las pensiones de los trabajadores es un colosal negocio financiero, conseguir y mantener los grandes contratos de servicio público (limpieza pública o mantenimiento de infrastructuras) no es algo que pueda abordar cualquier empresa... Y el caso es que todo ello da unos beneficios incalculables y sostenibles a largo plazo. Mucho dinero que invertir, mucho dinero que ganar y todo ello pendiente de la decisión de unos tipos que para ganar elecciones necesitan importantes créditos que luego no pueden devolver. ¿Parece ahora extraño que a todos esos tipos les parezca indiscutible la superioridad de la gestión privada?