Todos pagamos impuestos. Los pagamos cada vez que compramos en el mercado, cada vez que nos tomamos una copa, una parte dolorosamente importante de lo que paga por nosotros la empresa para la que trabajamos se la lleva directamente el fisco, cuando hacemos alguna operación especial, como comprar o vender una casa, cobrar una herencia o abrir un negocio también pagamos impuestos, etc.. Pagar impuestos es para la mayoría una obligación desagradable y creo que ello se debe especialmente al hecho de que, en realidad, no sabemos exactamente quién usa ese dinero ni para qué, y por otra parte, no percibimos ninguna clase de relación entre lo que pagamos y los servicios que en general recibimos de las diferentes administraciones. Y es que la financiación de la cosa pública es un auténtico laberinto: todas las administraciones cobran impuestos pero ninguna presta servicios equivalentes a los impuestos que recauda. En España, el gobierno del Estado recauda la gran mayoría de los impuestos pero sin embargo tiene delegados muchos servicios a las administraciones regionales y locales, de modo que con relativa independencia del coste real de esos servicios tal y como son prestados en cada lugar, transfiere fondos en virtud de acuerdos o decisiones políticas cuyo sentido no siempre se explica. Y lo mismo hacen los gobiernos regionales con las administraciones municipales. Por si fuera poco, en nombre de la solidaridad territorial, impuestos pagados en un territorio se destinan a administraciones de otras regiones y en nombre del progreso o de lo que sea, las administraciones generan déficits o superávits que, como dicen los técnicos, suponen transferencias de renta intergeneracionales. Al final, todos tenemos la sensación de que nos cobrarán todo lo que puedan y nos prestarán los servicios que les dé la gana. Los impuestos son necesarios, pero deberíamos tener claro a quién se los pagamos y porqué. La misma administración que ejerce una función o presta un servicio debería ser la responsable de fijar el importe y la forma de recaudación del impuesto con el que dicho servicio o función se financia, así por ejemplo, si gracias a una gestión más eficiente el coste del servicio baja, todos lo podremos ver reflejado en alguna parte claramente, o si para mejorar el servicio se decide gastar más, también lo veremos y esperaremos ver la explicación de esas mejoras. No sería tan complicado hacerlo y nos ahorraríamos espectáculos de juegos de manos.